La crisis inmobiliaria ha golpeado inmisericordemente a muchos cooperativistas de viviendas, inmersos en la pesadilla de haber perdido el dinero ahorrado e invertido a lo largo de años de desvelos, casi siempre por culpa de un cóctel peligroso: la nefasta gestión de las gestoras o promotoras a quienes encomendaban la construcción de los edificios, combinada con la escasa diligencia que los cooperativistas dedicaban a vigilar sus propios intereses.

Muchas cooperativas de viviendas se han alejado del espíritu del cooperativismo: un grupo de personas con necesidad de vivienda que se unen para construir un edificio mediante autopromoción y al coste, sin ánimo de lucro añadido. El modelo que ha predominado ha sido otro, perfectamente legal pero cada vez más alejado de la idea primigenia. En lugar de ser la cooperativa la que contrate una sociedad gestora para que se encargue de la construcción y todos los aspectos técnicos y jurídicos, el orden ha sido el inverso. Una sociedad mercantil (con ánimo de lucro, recordemos), se dedica a captar socios y es la que promueve la constitución de la cooperativa. Así, el protagonismo lo asume la primera y no la segunda, como debería. En este seudocooperativismo los socios delegan demasiadas tareas y confianza en la gestora, y esperan pasivamente a que todo funcione, sin hacer un uso efectivo de sus derechos a la información y a la participación establecidos en la normativa.

Cuando la gestora no consigue suelo, o tiene problemas financieros, o demasiados cooperativistas se dan de baja y exigen la devolución de sus aportaciones, empiezan los problemas. Y a veces ni siquiera sirven los seguros obligatorios contratados (o que deberían haberse contratado) para cubrir precisamente estas contingencias.

Un caso paradigmático de denegación de cobertura de seguros es el ocurrido con algunas cooperativas de Los Berrocales y otros barrios del nuevo ensanche de Madrid (los ‘PAUs’), y que comentábamos en una anotación anterior.