Nuestros servicios de litigation funding nacen con la aspiración de fomentar el acceso a la Justicia. Damos una nueva oportunidad de defensa a las víctimas de conductas empresariales o administrativas ilícitas, liberándoles de las cargas, costes y riesgos que conlleva iniciar un procedimiento judicial o arbitral.

Una vez seleccionados los asuntos, nos comprometemos a cubrir totalmente los costes de tramitación del procedimiento judicial o arbitral: honorarios de abogados, procuradores y peritos, riesgo de condena en costas, tasas judiciales, etc.) A cambio, percibimos una retribución variable sobre la cuantía obtenida al final del proceso, y solo si la reclamación tiene éxito. Vamos de la mano del cliente del principio a fin.

La financiación de litigios promueve el resarcimiento privado de daños y perjuicios por incumplimiento de las normas comunitarias de defensa de la competencia, en línea con el Libro Blanco (pdf) de la Comisión europea.

Si tiene intención de formular una demanda judicial o arbitral pero no cuenta con financiación para ello, o una eventual condena en costas le disuade de emprender esa vía, le invitamos a cumplimentar nuestro formulario de solicitud sin compromiso.

En la reclamación judicial por los daños causados por la crisis de los controladores, deberán salvarse en defensa de los afectados los siguiente obstáculos:

• Las compañías aereas y operadores turísticas alegarán fuerza mayor, y eso les podrá librarse de indemnizar. Será causa de fuerza mayor pues les cerraron el espacio aereo.
• Los controladores, si cometieron algún delito podrán tener vía penal, por lo que su responsabilidad para indemnizar vendría derivada de un presunto delito, por lo que habría que pelear en la vía penal.
• Si se entiende que el daño se causó o terminó dentro del estado de alarma y se cometiera un delito, es posible que la jurisdicción competente fuera la militar, con lo cual la cuestión se complica enormemente.
• Cabe la posibilidad de quealguno de los 2 Decretos, el que dio origen a la crisis y el que decreta el estado de alarma, sean impugnados ante el Tribunal Constitucional por lo que de nuevo el ámbito se complica y podría retrasarse enormemente, o incluso paralizarse las vías judiciales.
• Si lo que se pretende fuera reclamar a AENA o al Gobierno, estaríamos ante una responsabilidad subsidiaria o patrimonial del Estado, por lo que la vía competente sería la jurisdicción contencioso-administrativa.
  

Como vemos el tema es complicado, y parece “aventurado” hablar de acciones inmediatas y soluciones a la vista y rápidas.

A todo ello hay que añadir que tampoco está nada claro que se puedan pedir “daños morales” que es lo que varios despachos y prensa especializada están anunciando.

De hecho, existe una doctrina que entiende que los “límites de indemnización” de las compañías, incluyen también el daño moral, y desde luego esto no llega ni de lejos a cantidades desorbitadas (algunos pretenden reclamar 10.000.-€) que se están anunciando.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea en sentencia reciente  6 de mayo de 2010 y algunas sentencias del Tribunal Supremo así opinan, y entiende que la indemnización ya incluye el daño moral. (art. 22 “préjudice” y “dommage” … será a falta de toda declaración, un límite absoluto que comprenderá tanto el daño moral como el material).

En sentido opuesto el Tribunal Supremo sí ha admitido en ocasioens daños morales si se cumplen una serie de requisitos y gravedad (que habría que ver caso por caso y que no son fáciles)

Aunque algunos también entienden que el Convenio de Montreal de 1999 solo se aplicaría si se reclama a las compañías, no si se reclama a AENA o a los controladores uno a uno.

En todo caso, lo que tampoco está muy claro es qué pasaría con las costas si se pierde una reclamación por los daños morales.

No me quiero imaginar que los afectados, al cabo de unos años de tormento judicial, no consigan las indemnizaciones tan elevadas que están pidiendo por daños morales y encima tengan que pagar las costas del proceso.

Espero que en estas semanas, y con estudios más sosegados, se aclare la cuestión y se escoja la mejor opción procesal.

Las prisas no son buenas compañeras en cuestiones judiciales.

La crisis inmobiliaria ha golpeado inmisericordemente a muchos cooperativistas de viviendas, inmersos en la pesadilla de haber perdido el dinero ahorrado e invertido a lo largo de años de desvelos, casi siempre por culpa de un cóctel peligroso: la nefasta gestión de las gestoras o promotoras a quienes encomendaban la construcción de los edificios, combinada con la escasa diligencia que los cooperativistas dedicaban a vigilar sus propios intereses.

Muchas cooperativas de viviendas se han alejado del espíritu del cooperativismo: un grupo de personas con necesidad de vivienda que se unen para construir un edificio mediante autopromoción y al coste, sin ánimo de lucro añadido. El modelo que ha predominado ha sido otro, perfectamente legal pero cada vez más alejado de la idea primigenia. En lugar de ser la cooperativa la que contrate una sociedad gestora para que se encargue de la construcción y todos los aspectos técnicos y jurídicos, el orden ha sido el inverso. Una sociedad mercantil (con ánimo de lucro, recordemos), se dedica a captar socios y es la que promueve la constitución de la cooperativa. Así, el protagonismo lo asume la primera y no la segunda, como debería. En este seudocooperativismo los socios delegan demasiadas tareas y confianza en la gestora, y esperan pasivamente a que todo funcione, sin hacer un uso efectivo de sus derechos a la información y a la participación establecidos en la normativa.

Cuando la gestora no consigue suelo, o tiene problemas financieros, o demasiados cooperativistas se dan de baja y exigen la devolución de sus aportaciones, empiezan los problemas. Y a veces ni siquiera sirven los seguros obligatorios contratados (o que deberían haberse contratado) para cubrir precisamente estas contingencias.

Un caso paradigmático de denegación de cobertura de seguros es el ocurrido con algunas cooperativas de Los Berrocales y otros barrios del nuevo ensanche de Madrid (los ‘PAUs’), y que comentábamos en una anotación anterior.

Uno de los problemas más graves en el asunto de los cooperativistas de Los Berrocales y otros PAUs de Madrid es el relativo a la póliza de seguros suscrita en muchos casos con la compañía aseguradora HCC Europe (Houston Casualty Company Europe, Seguros y Reaseguros, S.A.)

Cada cooperativista firmaba una póliza de seguro de aportaciones que parecía en principio cubrir todas las contingencias habituales. Pero una vez surgidos los problemas con las gestoras, la aseguradora está rechazando las coberturas y negándose a cubrir la devolución de las aportaciones a los socios que han solicitado la baja en las cooperativas.

La legislación española protege a los compradores de vivienda y obliga a contratar un seguro para que puedan recuperar su dinero – muchas veces, los ahorros de toda una vida – en caso de que los pisos no se lleguen a construir por el motivo que sea.

Concretamente, se trata de la Ley 57/1968, de 27 de julio, reguladora de las percepciones de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas, que en su artículo 1 establece lo siguiente:

Las personas físicas y jurídicas que promuevan la construcción de viviendas (…) y que pretendan obtener de los cesionarios entregas de dinero antes de iniciar la construcción o durante la misma, deberán cumplir las condiciones siguientes:

Primera. Garantizar la devolución de las cantidades entregadas más el 6 % de interés anual, mediante contrato de seguro otorgado con Entidad aseguradora inscrita y autorizada en el Registro de la Subdirección General de Seguros o por aval solidario prestado por Entidad inscrita en el Registro de Bancos y Banqueros, o Caja de Ahorros, para el caso de que la construcción no se inicie o no llegue a buen fin por cualquier causa en el plazo convenido.

Segunda. Percibir las cantidades anticipadas por los adquirentes a través de una Entidad Bancaria o Caja de Ahorros, en las que habrán de depositarse en cuenta especial, con separación de cualquier otra clase de fondos pertenecientes al promotor y de las que únicamente podrá disponer para las atenciones derivadas de la construcción de las viviendas. Para la apertura de estas cuentas o depósitos la Entidad bancaria o Caja de Ahorros, bajo su responsabilidad, exigirá la garantía a que se refiere la condición anterior.

HCC Europe justifica su negativa a cubrir el siniestro alegando que las pólizas solo tenían por objeto garantizar que las cantidades entregadas se destinarían exclusivamente a  sufragar los gastos generados en el proyecto del promotor, y que la aseguradora no cubre “las contingencias empresariales que son inherentes a dicho proyecto”.

Parece claro que la compañía pretende generar confusión acerca del alcance de su cobertura, al mezclar los objetivos perseguidos por la segunda condición del artículo 1 con los de la primera. En todo caso, resulta realmente sorprendente que una aseguradora perciba importantes cantidades de las cooperativas por cubrir unos riesgos tan vaporosos como lejanos a los pretendidos por cualquier cooperativista con sentido común, sin necesidad de saber mucho Derecho: tener la seguridad de que si hay algún problema con la cooperativa, podrá recuperar su dinero.

HCC alude a las condiciones particulares – la temible letra pequeña – de las pólizas, que establecen una llamativa limitación:

“A los efectos de esta póliza, exclusivamente podrá entenderse consumado dicho incumplimiento como circunstancia desencadenante del siniestro, cuando el Asegurado acredite de forma suficiente que las cantidades por éste entregadas fueron destinadas por el Tomador o sus representantes legales a fines distintos y ajenos a aquellos a que se refieran al desarrollo del proceso promotor”

Dicho de otra, manera, la aseguradora solo concede su cobertura cuando el tomador (la cooperativa) ha cometido una ilegalidad (destinar las aportaciones de los cooperativistas a fines espurios), pero no cuando simplemente las cosas van mal y los pisos no pueden construirse. En definitiva, un seguro que no cubre lo que tiene que cubrir, y que sí cubre lo que nadie le ha pedido.

[Si desea informarse o unirse a nuestras iniciativas legales en relación con los cooperativistas de Los Berrocales y otros PAUs de Madrid, puede ponerse en contacto con nosotros.]

A pesar de la lluvia y de la amenaza de nieve, y gracias a los numerosos asistentes, la Puerta del Sol de Madrid fue testigo de las legítimas reivindicaciones y preocupaciones de miles de cooperativistas.

Allí no solo estuvieron afectados del Sureste, si no también otros grupos de Móstoles y Getafe unidos en sus reclamaciones, en especial contra la aseguradora HCC.

Esperemos que estas acciones tengan resultados en los níveles políticos a los que se dirigen y no caigan en saco roto, pero sin olvidar que hay que hacer los “deberes jurídicos”.

Esperamos, deseamos y estamos convencidos de que será un éxito.

Si deseas unirte a nuestras iniciativas o mantenerte informado sobre ellas, puedes ponerte en contacto con nosotros.

Son miles los ciudadanos afectados por el impacto acústico y ambiental de los despegues y aterrizajes de aviones en toda España. Desde Unifortia estamos colaborando con diversas asociaciones en la defensa frente a las actuaciones arbitrarias de las autoridades de navegación aérea, y demás administraciones públicas involucradas en el problema. Exigimos un nuevo modelo aéreo basado en el respeto a los ciudadanos, al medioambiente, la legalidad y la preservación de la intimidad domiciliaria, en consonancia con una reciente sentencia judicial que la ampara.

Actualmente está a punto de aprobarse un proyecto de ley que modifica la Ley de Navegación Aérea para reconocer el derecho de los afectados por el ruido de los aviones a ser resarcidos por los daños y perjuicios que sufren y garantizar a la vez el futuro de las infraestructuras aeroportuarias. Estaremos atentos a la evolución de esta norma y a las posibilidades de exigir indemnizaciones y/o financiación para aislamiento acústico para los afectados.



Foto: Manu Dias, en Flickr, con licencia CC

El llamado “céntimo sanitario”, cuya denominación oficial es Impuesto sobre las Ventas Minoristas de determinados Hidrocarburos, comenzó siendo un céntimo que las comunidades autónomas cobraban por cada litro de carburante para financiar la sanidad. Sin embargo, ahora alcanza 2,4 céntimos en toda España salvo Canarias y en algunas autonomías -Galicia, Asturias, Madrid, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña- llega a los 4,8. La Comisión Europea instó al Gobierno en 2008 a suprimirlo por oponerse a la legislación comunitaria y, ante la negativa del gobierno español, entabó una demanda contra España en el Tribunal de Luxemburgo.
Se calcula que los contribuyentes españoles podrán recuperar más de 5.000 millones del céntimo sanitario, una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declare ilegal esta figura fiscal.

Estas expectativas se basan en la sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, de 26 de enero, que abre la vía para la reclamación de responsabilidad patrimonial del Estado por vulneración del Derecho comunitario, ya que la resolución del TJCE equipara esa vía con la ya existente por vulneración de la Constitución española.

Así, los contribuyentes podrían reclamar la devolución del ‘céntimo sanitario’ indebidamente pagado y los intereses de demora correspondientes, por infringir del Derecho comunitario, y ello dentro del plazo de reclamación por responsabilidad patrimonial previsto en la normativa interna española.

Algunas empresas de transportes de mercancías y de transportes de viajeros y otras muchas dedicadas a otras actividades que tienen un volumen importante de tributación por esta figura fiscal ya han entablado acciones judiciales y algunos de estos recursos se encuentran ya en los Tribunales Superiores de Justicia.

UNIFORTIA está ya actuando en defensa de cooperativistas de Los Berrocales de Madrid y asumiendo la defensa jurídica y asesoramiento de diversos cooperativistas.
Algunos PAUs del Sureste de Madrid han resultado ser una trampa en la que han quedado atrapados miles de cooperativistas, incapaces de recuperar sus aportaciones y carentes de un horizonte claro.

Muchas Cooperativas siguen en funcionamiento, pero otras han presentado concurso de acreedores y la situación de otras muchas resulta insostenible.

Unifortia va a liderar un proyecto común en representación de cooperativistas para negociar y actuar jurídicamente contra los Bancos y las Aseguradoras que siguen discrepando del alcance  de los Avales, así como continuar con las acciones realizadas en materia penal contra algunas Gestoras.

De momento, desde UNIFORTIA, se aplaude el trabajo realizado hasta la fecha por las asociaciones de afectados que existen en los PAUs.  Igualmente apoyamos la concentración ciudadana convocada para el próximo día 6 de marzo.

Si deseas unirte a estas iniciativas o mantenerte informado sobre ellas, puedes ponerte en contacto con nosotros.

Unifortia es la plataforma de defensa de los consumidores de la era Internet.  Muy pronto te informaremos sobre la manera de unirte a nuestro proyecto, para defender tus derechos de una forma ágil e innovadora, aprovechando las sinergias de la Red. En Unifortia, la unión hace la fuerza.